Santiago. – El eco de los disparos que apagaron la vida de cinco jóvenes en el sector La Barranquita aún resuena en la memoria colectiva de Santiago. Lo que la Policía presentó como un “intercambio de disparos” el pasado 11 de septiembre, poco a poco se ha ido revelando como un caso de posible ejecución extrajudicial que hoy mantiene bajo arresto a once agentes de la uniformada.
Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez y Julio Alberto Gómez, dos de las víctimas, aseguran que las pruebas recopiladas por el Ministerio Público desmontan la versión oficial. Confían en que los acusados enfrentarán la justicia y que, a diferencia de otros procesos que se han diluido en el tiempo, este marcará un precedente en la lucha contra los abusos policiales.
“No nos van a intimidar”
Rafael Valerio, abogado y pariente de Vladimir, explicó que la familia ha jugado un papel clave en la investigación. “Hemos entregado videos, testimonios y documentos que comprometen a los agentes. El Ministerio Público ha tomado en serio estas evidencias. Sabemos que no será fácil, pero no vamos a dejarnos amedrentar, aunque lo intenten”, afirmó.
Valerio criticó que, a 20 días del hecho, la Policía no ha corregido su versión preliminar, en la que señala a los fallecidos como presuntos delincuentes. “Es un patrón. Primero criminalizan a las víctimas para justificar el uso excesivo de la fuerza, y después esperan que el tiempo borre la indignación social”, expresó.
Testigos dispuestos a hablar
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la existencia de testigos que, según la familia, están dispuestos a declarar en los tribunales. Sus testimonios podrían ser determinantes para aclarar si hubo ejecución y si los jóvenes fueron emboscados sin posibilidad de defenderse.
“Sabemos que esas voces serán clave. Ellos estuvieron allí y vieron lo que pasó. Esto no fue un enfrentamiento, fue una masacre”, insistió Valerio.
Slaine Agramonte, esposa de Julio Alberto Gómez, relató entre lágrimas que su pareja había pasado semanas remodelando la pequeña barbería que servía como sustento familiar. “Era un hombre trabajador, no un delincuente como quisieron pintarlo. Mis hijos y yo merecemos que la verdad salga a la luz”, dijo.
Agregó que al principio desconfiaba del proceso, pero que con el arresto de los agentes ha recuperado algo de esperanza. “Hoy creo que sí se puede lograr justicia, aunque nada nos devolverá a los que perdimos.”
De la indignación a la exigencia ciudadana
El caso de La Barranquita no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, solo en los últimos dos años, decenas de personas han muerto en circunstancias similares en operativos policiales. La diferencia, señalan, es que esta vez la presión social ha sido tan fuerte que obligó a las autoridades a actuar con rapidez.
El propio presidente Luis Abinader, en su encuentro semanal con la prensa, se comprometió a que habrá consecuencias. “No podemos permitir que hechos como este queden impunes”, dijo, al tiempo que anunció la construcción de una nueva sede policial en Santiago y la habilitación de un área de oncología en el hospital regional José María Cabral y Báez.
Un caso que puede marcar precedente
En las próximas horas, los once policías acusados serán presentados ante el juez de Atención Permanente de Santiago, donde se les conocerán medidas de coerción. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva, bajo el alegato de que existen pruebas contundentes de ejecución y de que los imputados representan un riesgo para el proceso judicial.
La audiencia será un termómetro de hasta qué punto la justicia dominicana está dispuesta a enfrentar con rigor a miembros de una institución que históricamente ha gozado de altos niveles de impunidad.
La masacre de La Barranquita se ha convertido en un símbolo de las demandas ciudadanas de una reforma policial real y profunda. Para muchos santiagueros, no se trata solo de justicia para cinco jóvenes, sino de frenar una práctica de violencia institucional que amenaza a cualquiera.
“Hoy nos tocó a nosotros, mañana puede ser a cualquier familia dominicana”, advirtió Rafael Valerio.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas insisten en que no buscan venganza, sino justicia. Una justicia que ponga fin al ciclo de ejecuciones y silencios, y que devuelva la confianza a una población que cada vez ve con más recelo a quienes deberían garantizar su seguridad.
