Mientras el Senado estudia ampliar el cobro del 10 % de propina legal a los pedidos realizados por plataformas digitales, en la Cámara de Diputados un grupo de legisladores ha decidido retomar una vieja propuesta que plantea eliminar por completo la obligatoriedad de este pago en los restaurantes.
La iniciativa, originalmente presentada en 2011 por el entonces diputado peledeísta Nelson Guillén, vuelve a escena ante el malestar generado por la posibilidad de extender el cobro a los servicios de comida a domicilio. Según confirmó el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, se analiza una versión actualizada del proyecto, cuyo propósito esencial es suprimir el artículo 228 del Código de Trabajo, que establece el 10 % obligatorio de propina en las facturas de consumo.
Sánchez explicó que “existe un consenso transversal entre legisladores de diferentes bancadas” que consideran necesario eliminar esa figura, al entender que representa una carga triple para los consumidores, quienes deben pagar el 16 % de ITBIS, el 10 % de propina obligatoria y, en muchos casos, una gratificación voluntaria adicional al personal de servicio.
El vocero peledeísta señaló además que la repartición del dinero recaudado por propinas no siempre se ejecuta de forma equitativa, pese a que el artículo 229 del Código de Trabajo exige que ese monto se distribuya semanalmente entre los empleados. “El problema de fondo es que no existe una garantía de que ese dinero llegue completo a los trabajadores, por lo que no puede justificarse que sea el cliente quien compense los bajos salarios”, indicó.
Desde el Senado, la propuesta de reforma laboral impulsada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) ya fue aprobada en primera lectura. Esta busca que la propina legal también se aplique a los pedidos por delivery, “sin importar el canal de venta utilizado”. Sin embargo, diputados de distintas bancadas califican esa medida como un golpe económico a la clase media, que es la principal usuaria de estos servicios digitales.
El diputado Pedro Martínez, de Alianza País, coincidió con esa postura y afirmó que la propina obligatoria “se ha convertido en una carga fiscal disfrazada”, que termina beneficiando más a los establecimientos que al personal que la recibe. “Su sentido original era reconocer un buen servicio, no sustituir la responsabilidad patronal de pagar salarios justos”, expresó.
Además, varios legisladores recordaron que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de 2021 prohibió el cobro de propina legal cuando el consumo no se realiza dentro del establecimiento, lo que agrega un elemento de conflicto jurídico al debate actual.
Con el tema nuevamente sobre la mesa, el Congreso se prepara para un nuevo choque de posturas: el Senado busca ampliar la propina obligatoria a los pedidos por plataformas, mientras la Cámara de Diputados contempla eliminarla por completo del Código de Trabajo. El resultado de esta discusión definirá si el 10 % seguirá siendo una obligación legal o regresará a su esencia original: un gesto voluntario de gratitud.
