Santo Domingo. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por lo que considera una serie de iniciativas impulsadas desde el Estado que podrían representar riesgos para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de los ciudadanos a cuestionar las actuaciones de los funcionarios públicos.
Durante su tradicional encuentro con la prensa, dirigentes de la organización política señalaron que algunas propuestas legislativas y normativas actualmente en discusión contienen elementos que, a su juicio, podrían generar restricciones al debate democrático y a la libre circulación de ideas e informaciones.
El partido manifestó que resulta necesario revisar diversos aspectos del marco legal vigente para garantizar que ninguna disposición pueda ser utilizada como herramienta para limitar la crítica pública, las investigaciones periodísticas o las denuncias de interés ciudadano.
Entre los temas que generan inquietud dentro de la organización figura el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para agosto. Según el PLD, varios artículos relacionados con la difamación, la injuria y las ofensas contra funcionarios públicos podrían prestarse a interpretaciones que afecten el derecho de los ciudadanos y de los medios de comunicación a fiscalizar la gestión pública.
La organización considera que en una sociedad democrática quienes ocupan cargos públicos deben estar sujetos al escrutinio permanente de la población y de la prensa, por lo que cualquier legislación que pueda limitar ese derecho debe ser cuidadosamente evaluada.
Otro de los puntos señalados por el partido es la Ley 1-26, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con la organización opositora, algunos conceptos incluidos en la legislación poseen definiciones amplias que podrían generar interpretaciones diversas respecto a su aplicación.
Los dirigentes peledeístas sostienen que términos relacionados con la protección de los intereses nacionales deben contar con límites claramente establecidos para evitar posibles conflictos con derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, incluyendo la libertad de información y la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Asimismo, el PLD se refirió al proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, una iniciativa que perdió vigencia legislativa tras no completar su proceso de aprobación en el Senado. En ese sentido, propuso que cualquier nueva versión del proyecto sea sometida previamente a una amplia discusión nacional a través del Consejo Económico y Social (CES).
La organización entiende que una legislación de esa naturaleza debe construirse mediante el consenso y la participación de periodistas, académicos, juristas, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores vinculados a la defensa de los derechos fundamentales.
Como parte de sus argumentos, el PLD recordó diversas decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional que han fortalecido la protección de la libertad de expresión en el país. Según la organización, dichas sentencias han establecido criterios importantes sobre los límites que deben observar las autoridades al momento de regular el ejercicio de este derecho.
Los dirigentes afirmaron que la consolidación democrática requiere garantizar espacios abiertos para el debate de ideas, la crítica pública y el trabajo independiente de los medios de comunicación, elementos que consideran esenciales para la transparencia institucional y la rendición de cuentas.
Finalmente, el partido reiteró su llamado a que cualquier reforma vinculada con la comunicación, la libertad de prensa o la seguridad nacional sea discutida de manera amplia y participativa, procurando siempre el equilibrio entre la protección del interés público y el respeto irrestricto a los derechos y libertades consagrados en la Constitución dominicana.
