El Congreso Nacional abrió un proceso de revisión del nuevo Código Penal luego de que varios sectores expresaran objeciones a determinados artículos de la legislación, mientras avanzan recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y se han producido manifestaciones públicas en rechazo a algunos puntos de la norma.
La decisión fue anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a representantes de las distintas organizaciones políticas con presencia en el órgano legislativo. Según explicó, se habilitará un espacio para recibir propuestas y analizar posibles modificaciones antes de que la ley entre completamente en aplicación.
Pacheco indicó que la revisión no responde a presiones externas, sino a la necesidad de perfeccionar una legislación considerada de gran importancia para el sistema judicial dominicano. También señaló que el objetivo no es reabrir todo el contenido del Código Penal, sino atender los aspectos que han generado mayores cuestionamientos.
Entre los temas que han provocado mayor debate se encuentran las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la difamación y las responsabilidades vinculadas al ejercicio médico. Diversos gremios y organizaciones han manifestado preocupación por la interpretación y las consecuencias que podrían tener algunos artículos.
Ante la cercanía de la fecha prevista para la entrada en vigencia del Código Penal, el presidente de la Cámara de Diputados no descartó la posibilidad de extender el plazo si el proceso de modificación requiere más tiempo, incluso mediante una convocatoria extraordinaria del Congreso.
Un proceso de ajustes
La recepción de propuestas se mantendrá abierta hasta el 15 de julio. Posteriormente, los legisladores analizarán las observaciones recibidas y determinarán cuáles cambios serán sometidos a aprobación.
Los partidos de oposición respaldaron el proceso de revisión, al considerar necesario evaluar las inquietudes planteadas por diferentes sectores de la sociedad.
Organizaciones como la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) calificaron la iniciativa como una medida positiva y oportuna, mientras que Participación Ciudadana también apoyó la revisión de los puntos señalados, aunque expresó reservas sobre una posible suspensión de la entrada en vigor del Código Penal.
Aunque la normativa ha sido objeto de críticas recientes, Alfredo Pacheco defendió su importancia al destacar que representa una reforma histórica para el país, al incorporar nuevas figuras penales relacionadas con delitos como crimen organizado, corrupción, sicariato, estafas piramidales y ataques con sustancias químicas.
Con este proceso, el Congreso retoma una discusión que parecía concluida tras la promulgación del Código Penal, una reforma que durante décadas estuvo en debate dentro del sistema legislativo dominicano.
