El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso este martes 7 de octubre de 2025 tras un ataque a tiros y pedradas contra su caravana en la provincia de Cañar, al sur del país. El hecho ocurrió mientras se desarrollaban protestas organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación de los subsidios al diésel.
Según informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, un grupo de unas quinientas personas interceptó el convoy presidencial y lanzó diversos objetos contra los vehículos. Posteriormente, se confirmó que el automóvil del mandatario presentaba impactos de bala, aunque Noboa resultó ileso. “Disparar contra el vehículo del presidente y dañar propiedad del Estado es un acto criminal que no quedará impune”, declaró Manzano, quien agregó que cinco personas fueron arrestadas.
Imágenes difundidas por la propia presidencia muestran el momento del ataque desde el interior de los vehículos, mientras los escoltas pedían a los ocupantes “agacharse” ante el impacto de los proyectiles. En otros videos se observa a manifestantes, algunos con trajes tradicionales, lanzando piedras y palos mientras la caravana avanza en medio de sirenas y confusión.
Pese al atentado, Noboa no suspendió su agenda oficial y continuó hacia Cuenca, donde encabezó la inauguración de una planta de tratamiento de agua. Durante su intervención, el mandatario condenó los hechos y reiteró su posición de mantener el orden. “No aceptaremos actos violentos ni amenazas. La ley se aplica para todos, y el trabajo por el Ecuador no se detiene”, expresó ante los asistentes.
Desde el ámbito internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, repudió el ataque, calificándolo como un “atentado contra la democracia y la estabilidad del país”, y llamó a los ecuatorianos a mantener el diálogo y el respeto institucional.
El gobierno ecuatoriano confirmó que presentó una denuncia por intento de asesinato ante la Fiscalía y que los detenidos enfrentarán cargos por terrorismo, delito que podría acarrear hasta treinta años de prisión.
El atentado se produce en un contexto de alta tensión social. Desde el 22 de septiembre, miles de manifestantes han salido a las calles para protestar contra el fin del subsidio al diésel, medida que incrementó el precio del galón de 1.80 a 2.80 dólares. Las protestas han dejado un fallecido, más de 150 heridos y alrededor de 100 arrestos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.
El episodio ha encendido las alarmas dentro y fuera del país, mientras el gobierno insiste en que no permitirá que la violencia condicione su agenda de reformas económicas.
