El Ministerio Público reafirmó este viernes su posición de que existen elementos probatorios suficientes para que todos los implicados en el denominado caso Caso Calamar sean enviados a juicio de fondo, al concluir sus réplicas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Durante la audiencia, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que los argumentos presentados por las defensas no han logrado desmontar la acusación formulada por el órgano persecutor.
Según explicó, el expediente contiene evidencias que, a juicio del Ministerio Público, resultan suficientes para justificar la apertura de un juicio, al tiempo que afirmó que las defensas se han limitado a emitir valoraciones sin responder puntos clave del proceso.
Camacho señaló que entre los elementos presentados figura la alegada existencia de reuniones donde, según la acusación, se coordinó la búsqueda de recursos económicos irregulares, así como la supuesta utilización de un lugar conocido como “La Casita”, ubicado en el sector Bella Vista, para recibir fondos vinculados al esquema investigado.
También indicó que dentro del expediente aparecen declaraciones y elementos relacionados con pagos millonarios que, según el Ministerio Público, formarían parte de una estructura de recaudación ilícita que habría operado en distintas áreas del Estado, incluyendo el sector de juegos de azar.
El funcionario agregó que entre los testigos figura Bolívar Ventura, además de personas que presuntamente habrían sido utilizadas para ejecutar mecanismos financieros vinculados al esquema investigado desde dependencias oficiales.
En este proceso judicial están acusados los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, señalados junto a otros exfuncionarios de integrar una red que habría provocado un perjuicio económico al Estado superior a los 19 mil millones de pesos.
La acusación también incluye a antiguos funcionarios vinculados a áreas como contraloría, catastro, casinos y organismos estatales, mientras el tribunal continúa evaluando los incidentes presentados por las defensas antes de decidir si el expediente avanza a la siguiente etapa judicial.
